Discurso del Presidente Lagos al dar a conocer el
Informe
de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura
28 de
Noviembre de 2004
Chilenas
y chilenos:
He recibido el Informe de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura. El informe es público y estará al alcance de todos
los chilenos y de la comunidad internacional a partir de este momento.
Creo no equivocarme al señalar que este Informe
constituye una experiencia sin precedentes en el mundo. Ha sido capaz de entrar
–treinta y un años después– a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a
un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos.
He
leído y analizado este Informe con mucho cuidado. Allí está el testimonio de
más de 35 mil personas residentes en Chile y el extranjero. Veintiocho mil de
esos testimonios han sido aceptados como válidos, y algo más de 7 mil no
cumplieron los estrictos requisitos para ser aceptados por la Comisión. Estas 7
mil personas tendrán derecho a que su situación sea revisada por la Comisión,
la cual volverá a estudiar sus antecedentes para tomar una decisión definitiva.
El informe nos hace mirar de frente una
realidad insoslayable: la prisión política y las torturas constituyeron una
práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la
tradición histórica de Chile.
Recorrer
los miles de testimonios me ha conmovido, como les conmoverá a ustedes cuando
lo lean; los relatos de las víctimas estremecen. He sentido muy de cerca la
magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del
dolor.
Expreso
públicamente mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a todas las
víctimas y a sus familias.
Al
leer este Informe, tres preguntas nos recorren una y otra vez:
La primera: ¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo
producir conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta
frente a ello. ¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalen que fueron
objeto de torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que entregaron
testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?
Segunda pregunta: ¿Cómo pudimos vivir 30 años de
silencio? Sin duda, por el miedo. Pero también el silencio se relaciona con una
actitud de dignidad básica de la persona. El Informe lo dice: "descorrer
el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica,
es algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese mismo
silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos,
de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de los archivos de
nuestra historia".
Vidas
quebradas, familias destruidas, proyectos personales tronchados, incapacidad de
poder dar a sus hijos una vida mejor. Todo ello se ha vivido durante años y
años cubierto por un velo de silencio, espeso, insano. Eso tenía que terminar;
ha terminado.
El
silencio no pudo convertirse en olvido.
La
tercera pregunta: ¿Qué sentido tiene hacer un Informe 31 años después? El
Informe lo dice: que "la experiencia de la prisión política y la tortura
representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de
las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente".
No
se trata sólo de horrores cometidos hace 31 años; se trata también de daños que
permanecen hasta el día de hoy. Se trata también de una verdad que nos era
debida, que era necesaria para completar la justicia y reparación para estas
familias y que ellas tienen derecho.
Reconocer
el desvarío, la pérdida del rumbo que hizo que las instituciones armadas y el
Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las
vieron nacer y desarrollarse, es lo que nos permite retomar la senda de siempre
y enfrentar con optimismo el futuro.
Sin
duda alguna, el trabajo de la Comisión, la publicación del Informe, es el acto
más importante para reparar a las víctimas en su dolor.
Se
terminó el silencio, se desterró el olvido, se ha reivindicado la dignidad de
cada uno de ellos.
Pero
ello requiere algo más. Si está comprometida la responsabilidad de los agentes
del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a
mitigar los efectos de tanto dolor.
Lo
digo claramente: estas medidas tienen que estar orientadas a sanar las heridas,
no a reabrirlas.
Y en este sentido, comparto las tres líneas de
reparación que presenta la Comisión.
En
primer lugar dice "tienen que haber medidas institucionales, las
cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto Nacional de
Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación, el respeto a dichos
derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la
información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la
Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.
En segundo lugar, medidas simbólicas y colectivas que
deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las
víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y
futuras generaciones de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto, y
esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas,
pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos
los chilenos.
En
tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en
el ámbito jurídico como en el económico.
Las jurídicas, básicamente se refieren a
cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces
fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento
pleno de sus derechos ciudadanos.
En
el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y
espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una
falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración
moral derivara en una pura discusión sobre dineros.
No
obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los
familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el
exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones
políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque
sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.
He
meditado mucho este tema, y las víctimas, la mayor parte de las cuales tienen
más de 55 años, las mujeres, más de 60 años en promedio, y por ello pienso que
la reparación más adecuada es a través, a todas las víctimas, de una pensión
que les ayude a tener una mejor calidad de vida en los años que tienen por
delante.
Al tomar una decisión respecto de su monto, tengo que
tomar en cuenta todas las obligaciones que el Estado tiene con toda la
sociedad, con todos los chilenos, particularmente con las familias más pobres
de nuestra patria.
Por
eso, haciendo el máximo esfuerzo, he decidido enviar al Congreso Nacional un
proyecto de ley de reparación que establece que cada una de las víctimas reciba
una pensión, por todo el resto de su vida, equivalente al valor de una y media
pensión mínima, esto es, algo más de 112 mil pesos mensuales, que aumentan
cuando se cumplen los 70 y 75 años de edad. Quienes reciban una pensión por
causa de derechos humanos, esa pensión se le imputará a esta nueva pensión.
Estoy
conciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de detenido político
constituye ya una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad. Es
probable que muchos de ellos, en un gesto solidario, renuncien a la reparación
económica a que tienen derecho, y quiero decir que esos fondos, a los cuales
ellos renuncian, serán aportados para las actividades del Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
De
otra parte, y acogiendo la propuesta de la Comisión, he resuelto que las
víctimas que están en este Informe, tengan también una acogida preferencial en
el ámbito de la educación, la salud y la vivienda.
En
educación, todos aquellos que por alguna razón de prisión o tortura vieron
impedidos sus estudios, el Estado les garantizará la continuidad gratuita de
sus estudios, sean a nivel básico, medio o universitario superior. En materia
de salud, todas las víctimas tendrán gratuidad en la atención institucional y
serán beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Atención Integral de Salud
(PRAIS). Además, el Estado les garantizará los apoyos técnicos y la
rehabilitación física necesaria a aquellas víctimas que hayan quedado con
problemas físicos como consecuencia de la prisión o la tortura. En vivienda,
tendrán un tratamiento preferencial para acceder a los beneficios de la
vivienda, los cuales serán próximamente dados a conocer por la bi-ministra del
ramo.
Chilenas
y chilenos:
Quisiera
de una manera especial esta noche agradecer el trabajo de los comisionados, de
sus colaboradores. Ellos cumplieron una tarea dolorosa, dolorosa como pocas. Al
hacerlo, demostraron un inmenso amor a la patria.
Quiero
también agradecer a todos los chilenos, todas las chilenas, que prestaron
testimonio y estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento por el bien de
Chile. Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales y, por
tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los próximos 50 años.
El
camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil, complejo.
Asumir la cruda verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha
sido fácil para ningún chileno.
Como
sociedad hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros compatriotas,
los desaparecidos, los ejecutados, los exiliados, los exonerados. Ahora,
abrimos los ojos a quienes sufrieron prisión política y tortura.
Como
Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo
medidas de reparación moral, simbólica, y también económicas, a todas las
personas que han sido víctimas de aquellos atropellos a sus derechos
fundamentales. Con el reconocimiento de las víctimas de la prisión política,
completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar. Pero lo completamos
para mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado.
Lo
hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la
convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu de este
Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento
y el dolor.
Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de
frente, podemos empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas.
Para
nunca más vivirlo, nunca más negarlo.
Ricardo Lagos
Presidente de Chile
Dawson2000.com
y Agrupación de DDHH Letelier. Noviembre 2004.
Dawson2000.com
y Agrupación de DDHH Letelier. Julio
2003.
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