A continuación reproducimos la reciente declaración de la Fundación de Ayuda social de las Iglesias Cristianas FASIC  con respecto a la situación que actualmente afecta a los prisioneros políticos en Chile. Consideramos que la solución a estos problemas, que finalmente pasa por la libertad de los presos políticos, como  de suma importancia para la consolidación de la democracia y el establecimiento de un sistema de derecho  democrático en  el país.

 

El sistema democrático tiene que ser capaz de proveer  la protección necesaria a las ideologías y corrientes discrepantes del sistema institucional en el país. En muchos casos la ley anti terrorista ha sido erróneamente aplicada a asociaciones que discrepan ideológicamente de la institucionalidad y no ha hechos materiales delictivos. La ley anti terrorista es no es democrática en este sentido.

 

 

 

DECLARACION PUBLICA DE FASIC RESPECTO  A LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS  EN CHILE. MARZO 2001

 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, respecto de

la situación que afecta a los presos políticos de la Cárcel de Alta

Seguridad y en otros centros penitenciarios, y en cumplimiento de su misión

institucional, de promoción y defensa de los Derechos Humanos, se hace el

deber declarar lo siguiente:

 

1. Estas personas han debido soportar procesamientos y condenas por parte de

la judicatura militar, no obstante su condición de civiles. Ante esta

jurisdicción penal militar no se han respetado las normas del debido

proceso, especialmente las referidas a los principios de imparcialidad e

independencia de que debe estar revestido todo órgano que ejerce la potestad

jurisdiccional. Los resultados de esta jurisdicción no son confiables según

palabras de un ex Presidente de la Corte Suprema (Luis Maldonado Boggiano,

en Discurso inaugural del año judicial 1989, Justicia Militar en Chile,

Colegio de Abogados de Chile, año 1990, pág. 210).

 

2. Se les ha aplicado erróneamente la ley antiterrorista, tanto en el orden

procesal porque han sido juzgados por esta clase de delitos por la justicia

militar, como en el orden sustantivo por la errada tipificación de los

hechos, lo que ha significado para ellos largas condenas. Jurídicamente el

delito terrorista se define por los métodos e instrumentos empleados y no

por una ideología contraria a la institucionalidad. En este sentido, no basta

pertenecer a un grupo ideológicamente antisistema para calificar a este

grupo o asociación como terrorista. Este es el pensamiento jurídico de don

Francisco Cumplido, autor de las modificaciones a la ley antiterrorista, que

FASIC comparte en plenitud.

 

3. La duración indefinida de los procesos en el tiempo, sin que se dicte

sentencia de término, ha significado para ellos enfrentar un prolongado

tiempo de privación de libertad bajo el régimen de prisión preventiva,

situación que resulta contraria a las normas del derecho internacional de

los Derechos Humanos que consagran el derecho a ser juzgado en un tiempo

breve y razonable. La gran mayoría está privado de libertad en esta

condición por un término próximo a los 10 años.

 

4. Se advierte la ausencia de políticas penitenciarias tendientes a

otorgarles beneficios carcelarios en aquellos casos en que han cumplido,

muchas veces, más de la mitad y, en otros, más de las tres cuartas partes de

las penas.

 

5. El duro régimen carcelario impuesto en la Cárcel de Alta Seguridad y el

trato vejatorio sufrido al momento de su detención, han provocado un serio

deterioro de su integridad física y psíquica.

 

6. Hacemos un llamado a quienes están en huelga de hambre a poner término a

la movilización, bajo el compromiso institucional de contribuir a buscar las

soluciones de este problema.

 

7. Igualmente hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno, del Poder

Judicial, del Poder Legislativo y a los dirigentes políticos para que

valoren sin prejuicio, la importancia que tiene para la reconciliación

nacional y para el prestigio de nuestra democracia la pronta solución de

estos problemas. Los instamos a adoptar las decisiones que en justicia

corresponda.

 

Santiago, 27 de marzo de 2001.

 

 

 

 

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