¿Qué se entiende por reparaciones ''simbólicas y austeras''?
Carlos Parker
Publicado
en El Mostrador, 15 de Octubre del 2004
elmostrador.cl
El informe que se dará a conocer próximamente, sobre las conclusiones
de la Comisión sobre Prisión y Tortura, tanto como las propuestas
reparatorias que del mismo debieran desprenderse, serán con toda seguridad
motivo de arduo debate y confrontación política. Desde ya, se conoce que alguna
de sus principales conclusiones tiene que ver con el reconocimiento de que los
abusos de que fueron objeto más de 35.000 compatriotas no respondieron a
excesos ni desbordes, sino a una política de Estado, la que por lo mismo
requirió de planificación y ejecución por parte de entes y funcionarios
públicos.
Por lo mismo,
tanto la constitución de la Comisión como el anuncio de medidas compensatorias
constituye un positivo paso en pro de la justicia y de la verdad histórica.
Como se sabe, este aspecto de los crímenes perpetrados bajo la dictadura, pese
a su crudeza y extensión, quedó incomprensiblemente marginado de toda
iniciativa compensatoria, incluidas las emanadas de la Comisión Rettig y
de la Mesa de Diálogo.
Se comprende que
el esfuerzo central en este campo, en lo que se refiere a la búsqueda de
verdad, justicia y reparación haya estado orientada en lo principal a los casos
de mayor gravedad y centralidad, representados emblemáticamente en los
detenidos desaparecidos y ejecutados. Sin embargo, hay que recordar que en
paralelo y prácticamente desde el restablecimiento de la democracia, se han
venido adoptando medidas indemnizatorias en cuanto a los compatriotas que
sufrieron el exilio o fueron exonerados de sus empleos por razones políticas.
Por ello, no son evidentes las razones que se tuvieron en cuenta para postergar
de modo tan consistente la implementación de una política semejante en
beneficio de quienes sufrieron la cárcel y la tortura de manera arbitraria y
brutal.
No obstante,
parece ser que la inminencia de la entrega del informe, así como las medidas
que serán anunciadas como corolario están provocando entre los ex presos
políticos sentimientos y actitudes encontradas. Por una parte, se percibe una
sensación de alivio y conformidad al saber que nuestros padecimientos habrán de
ser al fin reconocidos. Mientras por la otra, provoca dudas e inquietudes por
el sentido críptico de la expresión “simbólica y austera “ con la cual
se viene aludiendo al carácter y magnitud que debieran tener las mentadas
reparaciones.
Está fuera de duda, y así el informe deberá consignarlo, que
los que sufrieron prisión de modo injusto y arbitrario, permanecieron detenidos
en recintos fiscales, fueron torturados, vejados y humillados, sufrieron todos
estos castigos por disposición y voluntad de autoridades del gobierno militar,
tanto civiles como unifomadas. Si a lo anterior agregamos que muchos presos y
torturados, así como gran número de ejecutados sumariamente y desaparecidos
fueron victimas de un infundio conocido como el Plan Zeta, cuya
veracidad hoy nadie defiende y cuya autoría permanece en la nebulosa, queda
patente la monstruosidad de la situación.
En vista que se ha
resuelto enfrentar la cuestión de la reparación a los ex presos políticos y
torturados, hay que recalcar que se está frente a una cuestión de naturaleza
eminentemente política y de clara connotación ética y moral, la cual alude a
los fundamentos mismos de la convivencia civilizada de la sociedad chilena en
su conjunto. Por ello, no obstante involucrar recursos económicos para su
implementación práctica, la propuesta requiere ser enfrentada y resuelta de
modo exclusivo en la esfera de la política y de sus instituciones y mecanismos.
De ningún modo en el ámbito de las finanzas públicas y sus pormenores
coyunturales.
Es francamente
obsceno pretender, como pregonan algunos, que la propuesta reparatoria que se
anuncia, al involucrar gastos para el erario público, debiera implicar el
juicio determinante sobre su viabilidad y contenido de parte del Ministerio
de Hacienda y, más precisamente, de la Dirección de Presupuesto.
Seria lamentable
que un tema de tamaña sensibilidad fuese procesado y definido como una cuestión
meramente técnica o económica. Aquí al menos, primero debe hablar la política y
a continuación la economía y las finanzas por boca de los técnicos. Por lo mismo,
es enteramente aconsejable que los términos en que la propuesta ha de
concretarse sean determinados por el Presidente de la República en uso
de sus facultades constitucionales para proponer leyes que irroguen gastos,
para a continuación ser ratificada por el Congreso Nacional, en representación
de todos los chilenos.
Entonces y no
antes, debiera corresponder a Hacienda hacer su papel en cuanto a
proponer las alternativas para financiarla. Entre ellas, no debiera estar
excluida la solución que se adoptó en Argentina sobre el particular, la
cual consistió en el pago de indemnizaciones con cargo a bonos públicos de
largo plazo. Con ello, no solo se resolvió el problema de caja, sino además,
quedó refrendada la responsabilidad del estado en cuanto tal, mas allá de
gobierno que puntualmente asumió la decisión política de proceder a reconocer e
indemnizar.
La prevención
viene al caso por cuanto se ha dejado entrever que las supuestas dificultades
que habrían existido para incluir este tópico en la propuesta, no habrían sido
políticas sino de índole presupuestaria. Ello, teniendo en cuenta el importante
número de ex presos políticos y torturados que podrían invocar su derecho a ser
indemnizados, el cual, para tranquilidad de los guardianes del erario público,
“solamente” alcanzó a los 35.000 denunciantes.
No sobra decir que la amplitud de esta cifra no es
responsabilidad de las víctimas, sino de los victimarios. Por lo mismo, seria
paradojal y sarcástico que los ex presos políticos y torturados terminaran siendo
limitados en sus inalienables derechos a ser reparados, precisamente en virtud
de la masividad del atropello del que fueron víctimas. De igual modo, sería
cruel e incluso inmoral, que se atendiera a ciertos planteamientos que,
calculadora en mano, promueven que los torturados sean indemnizados sólo y
únicamente en el caso que hayan sufrido lesiones causantes de invalidez, de al
menos el 50% de su capacidad física o mental.
Es función de los especialistas determinar cuales son los
efectos tanto físicos como sicólogos que experimenta un ser humano que ha
pasado por la horrenda experiencia de ser torturado. Del mismo modo, es misión
de otras disciplinas de las ciencias sociales establecer cuales fueron los
efectos experimentados por los ex presos políticos tras ser liberados en sus
lugares de residencia, en el campo de la discriminación, el perjuicio y el
temor que su contacto inspiró por largo tiempo en sus círculos sociales,
laborales e incluso familiares.
La experiencia de
sufrir la tortura y la prisión no se resume ni se agota en sus efectos en el
mero acto brutal ni en la vivencia del encierro. Pero estas precisiones, que
las víctimas perfectamente conocen, debieran servir para múltiples fines que
apuntan al “nunca mas”, rotundo, definitivo y total. Pero de ningún modo
para un frío ejercicio matemático destinado a calcular el monto de una
indemnización pecuniaria, por importante o modesta que esta sea.
Se puede confiar
en que los ex presos políticos y torturados, inspirados en los valores y principios
que les valieron las penurias que debieron soportar, no levantaran ahora, como
no lo hicieron antes, reivindicaciones indemnizatorias carentes de sentido de
la realidad.
Francamente, no se ve a nadie pretendiendo
desequilibrar las finanzas públicas con exigencias desmedidas ni pretendiendo
lucrar con los dolores del pasado. Sobre todo, en circunstancias en que el país
enfrenta serios desafíos en materia de combate a la pobreza, el desempleo y
alivio a los padecimientos de los más pobres. Pero ello no debe entenderse como
disposición a renunciar unilateralmente a los atributos de dignidad y justicia
de que debiera estar revestido el gesto reparatorio que se ofrece.
Por ello,
aguardamos con esperanza la propuesta presidencial a este respecto. Asumiendo
que simbólica no tiene que significar etérea, y austera no debe
traducirse como indigna o mezquina.
Carlos Parker
Santiago,
Octubre 2004
Dawson2000.com. Junio 2004
Dawson2000.com
y Agrupación DDHH Letelier. Julio 2003.
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