¿Qué se entiende por reparaciones ''simbólicas y austeras''?

Carlos Parker

 

 

 Publicado en El Mostrador, 15 de Octubre del 2004

elmostrador.cl

 

El informe que se dará a conocer próximamente, sobre las conclusiones de la Comisión sobre Prisión y Tortura, tanto como las propuestas reparatorias que del mismo debieran desprenderse, serán con toda seguridad motivo de arduo debate y confrontación política. Desde ya, se conoce que alguna de sus principales conclusiones tiene que ver con el reconocimiento de que los abusos de que fueron objeto más de 35.000 compatriotas no respondieron a excesos ni desbordes, sino a una política de Estado, la que por lo mismo requirió de planificación y ejecución por parte de entes y funcionarios públicos.

         Por lo mismo, tanto la constitución de la Comisión como el anuncio de medidas compensatorias constituye un positivo paso en pro de la justicia y de la verdad histórica. Como se sabe, este aspecto de los crímenes perpetrados bajo la dictadura, pese a su crudeza y extensión, quedó incomprensiblemente marginado de toda iniciativa compensatoria, incluidas las emanadas de la Comisión Rettig y de la Mesa de Diálogo.

         Se comprende que el esfuerzo central en este campo, en lo que se refiere a la búsqueda de verdad, justicia y reparación haya estado orientada en lo principal a los casos de mayor gravedad y centralidad, representados emblemáticamente en los detenidos desaparecidos y ejecutados. Sin embargo, hay que recordar que en paralelo y prácticamente desde el restablecimiento de la democracia, se han venido adoptando medidas indemnizatorias en cuanto a los compatriotas que sufrieron el exilio o fueron exonerados de sus empleos por razones políticas. Por ello, no son evidentes las razones que se tuvieron en cuenta para postergar de modo tan consistente la implementación de una política semejante en beneficio de quienes sufrieron la cárcel y la tortura de manera arbitraria y brutal.

         No obstante, parece ser que la inminencia de la entrega del informe, así como las medidas que serán anunciadas como corolario están provocando entre los ex presos políticos sentimientos y actitudes encontradas. Por una parte, se percibe una sensación de alivio y conformidad al saber que nuestros padecimientos habrán de ser al fin reconocidos. Mientras por la otra, provoca dudas e inquietudes por el sentido críptico de la expresión “simbólica y austera “ con la cual se viene aludiendo al carácter y magnitud que debieran tener las mentadas reparaciones.

         Está fuera de duda, y así el informe deberá consignarlo, que los que sufrieron prisión de modo injusto y arbitrario, permanecieron detenidos en recintos fiscales, fueron torturados, vejados y humillados, sufrieron todos estos castigos por disposición y voluntad de autoridades del gobierno militar, tanto civiles como unifomadas. Si a lo anterior agregamos que muchos presos y torturados, así como gran número de ejecutados sumariamente y desaparecidos fueron victimas de un infundio conocido como el Plan Zeta, cuya veracidad hoy nadie defiende y cuya autoría permanece en la nebulosa, queda patente la monstruosidad de la situación.

         En vista que se ha resuelto enfrentar la cuestión de la reparación a los ex presos políticos y torturados, hay que recalcar que se está frente a una cuestión de naturaleza eminentemente política y de clara connotación ética y moral, la cual alude a los fundamentos mismos de la convivencia civilizada de la sociedad chilena en su conjunto. Por ello, no obstante involucrar recursos económicos para su implementación práctica, la propuesta requiere ser enfrentada y resuelta de modo exclusivo en la esfera de la política y de sus instituciones y mecanismos. De ningún modo en el ámbito de las finanzas públicas y sus pormenores coyunturales.

         Es francamente obsceno pretender, como pregonan algunos, que la propuesta reparatoria que se anuncia, al involucrar gastos para el erario público, debiera implicar el juicio determinante sobre su viabilidad y contenido de parte del Ministerio de Hacienda y, más precisamente, de la Dirección de Presupuesto.

         Seria lamentable que un tema de tamaña sensibilidad fuese procesado y definido como una cuestión meramente técnica o económica. Aquí al menos, primero debe hablar la política y a continuación la economía y las finanzas por boca de los técnicos. Por lo mismo, es enteramente aconsejable que los términos en que la propuesta ha de concretarse sean determinados por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales para proponer leyes que irroguen gastos, para a continuación ser ratificada por el Congreso Nacional, en representación de todos los chilenos.

         Entonces y no antes, debiera corresponder a Hacienda hacer su papel en cuanto a proponer las alternativas para financiarla. Entre ellas, no debiera estar excluida la solución que se adoptó en Argentina sobre el particular, la cual consistió en el pago de indemnizaciones con cargo a bonos públicos de largo plazo. Con ello, no solo se resolvió el problema de caja, sino además, quedó refrendada la responsabilidad del estado en cuanto tal, mas allá de gobierno que puntualmente asumió la decisión política de proceder a reconocer e indemnizar.

         La prevención viene al caso por cuanto se ha dejado entrever que las supuestas dificultades que habrían existido para incluir este tópico en la propuesta, no habrían sido políticas sino de índole presupuestaria. Ello, teniendo en cuenta el importante número de ex presos políticos y torturados que podrían invocar su derecho a ser indemnizados, el cual, para tranquilidad de los guardianes del erario público, “solamente” alcanzó a los 35.000 denunciantes.

         No sobra decir que la amplitud de esta cifra no es responsabilidad de las víctimas, sino de los victimarios. Por lo mismo, seria paradojal y sarcástico que los ex presos políticos y torturados terminaran siendo limitados en sus inalienables derechos a ser reparados, precisamente en virtud de la masividad del atropello del que fueron víctimas. De igual modo, sería cruel e incluso inmoral, que se atendiera a ciertos planteamientos que, calculadora en mano, promueven que los torturados sean indemnizados sólo y únicamente en el caso que hayan sufrido lesiones causantes de invalidez, de al menos el 50% de su capacidad física o mental.

         Es función de los especialistas determinar cuales son los efectos tanto físicos como sicólogos que experimenta un ser humano que ha pasado por la horrenda experiencia de ser torturado. Del mismo modo, es misión de otras disciplinas de las ciencias sociales establecer cuales fueron los efectos experimentados por los ex presos políticos tras ser liberados en sus lugares de residencia, en el campo de la discriminación, el perjuicio y el temor que su contacto inspiró por largo tiempo en sus círculos sociales, laborales e incluso familiares.

         La experiencia de sufrir la tortura y la prisión no se resume ni se agota en sus efectos en el mero acto brutal ni en la vivencia del encierro. Pero estas precisiones, que las víctimas perfectamente conocen, debieran servir para múltiples fines que apuntan al “nunca mas”, rotundo, definitivo y total. Pero de ningún modo para un frío ejercicio matemático destinado a calcular el monto de una indemnización pecuniaria, por importante o modesta que esta sea.

         Se puede confiar en que los ex presos políticos y torturados, inspirados en los valores y principios que les valieron las penurias que debieron soportar, no levantaran ahora, como no lo hicieron antes, reivindicaciones indemnizatorias carentes de sentido de la realidad.

Francamente, no se ve a nadie pretendiendo desequilibrar las finanzas públicas con exigencias desmedidas ni pretendiendo lucrar con los dolores del pasado. Sobre todo, en circunstancias en que el país enfrenta serios desafíos en materia de combate a la pobreza, el desempleo y alivio a los padecimientos de los más pobres. Pero ello no debe entenderse como disposición a renunciar unilateralmente a los atributos de dignidad y justicia de que debiera estar revestido el gesto reparatorio que se ofrece.

 Por ello, aguardamos con esperanza la propuesta presidencial a este respecto. Asumiendo que simbólica no tiene que significar etérea, y austera no debe traducirse como indigna o mezquina.

 

Carlos Parker

 

Santiago, Octubre  2004

 

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Ø        El Palacio de la Risa debe ser un Monumento y Museo Histórico como parte de la  reparación del Estado de Chile a las víctimas de la tortura en Magallanes

Dawson2000.com. Junio 2004

 

Ø        Propuesta de reparación de ex prisioneros de Dawson y victimas de la dictadura militar en Magallanes.

Dawson2000.com y Agrupación DDHH Letelier. Julio 2003.

 

Ø        Editoriales anteriores

 

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