LA TORTURA EN MAGALLANES: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

 

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La  sistemática violación de los derechos fundamentales del hombre  por la dictadura militar ha quedado grabada  en la conciencia magallánica.  La tortura fue la violación más común a los derechos humanos  de los prisioneros políticos magallánicos después del golpe militar en 1973.

La tortura  constituye un crimen de lesa humanidad. Esta viola  convenciones básicas de protección del derecho del hombre,  que Chile reconocía antes de 1973,  tales  como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.  También viola específicamente la  Convención de Ginebra III de 1949  que prohíbe torturar a prisioneros de conflictos   internacionales o internos y  la  Convención contra la Tortura  de 1984,  a la que Chile se adhirió en 1988.

La Convención contra la Tortura define  la tortura como:

 

“..todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”

 

Y específicamente agrega que en:

 

“.. ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.”.... . .“No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”

La tortura  fue utilizada sistemáticamente  contra la mas de 2000 personas que fueron arrestadas durante la dictadura militar en Magallanes, particularmente en el periodo 1973-1976.  El informe de la  Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991, refiriéndose solo a los 4 meses de 1973, indica  que en:

“… la región de Magallanes se aplicó la tortura de modo habitual y se estima que alrededor de 1.000 personas estuvieron privadas de libertad y sometida a ese tratamiento....”

La extensión de estas violaciones  la sintetizan  los diversos  campos de detenciones establecidos en la zona – mejor graficado por el campamento de concentración Isla Dawson en el medio del Estrecho de Magallanes. Los testimonios  de ex presos políticos, hechos públicos en los últimos años, y la información que hemos empezado a  diseminar en Dawson 2000  corroboran y empiezan a delinear la brutalidad de estas acciones.   

Hasta hoy día quienes fueron responsables  de estas violaciones en Magallanes siguen en la impunidad.  Tampoco el gobierno ha  tomado responsabilidad directa por los daños físicos, psicológicos y materiales causados  a  aquellos magallánicos que fueron victimas de estas violaciones  de  derechos  humanos por el Estado de Chile.

          La Convención contra la Tortura  establece  la imprescriptibilidad del delito de la tortura. El  Estado chileno debiera  interpretar claramente   estas leyes como  aplicables a los crímenes cometidos bajo la dictadura militar. La transición hacia un pleno estado de derecho no se beneficia con la impunidad  de estos delitos.  El Estado de Chile debiera asumir directamente la responsabilidad de traer a la justicia a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad,  reconocer el inalienable derecho de las victimas de la tortura a  la justicia y  la reparación por los daños causados por estas violaciones.

 

 

Elier Valencia                                                                            

 

Editor, Dawson 2000

 

Marzo 2001

 

 

Valencia@Dawson2000.com

 

 

Fuentes:

* Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948

*  Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III). 1949.

*  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966

*  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 1984

* Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 1991

 

 

           

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