Propuesta de reparación de Lagos para los ex presos políticos y torturados de
la dictadura es deficiente y omite la
búsqueda de justicia
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El reciente discurso del Presidente Lagos, en el
contexto de la difusión al país, del
Informe de la Comisión de Política y Tortura, presentó una propuesta de reparación de derechos humanos
(DDHH) para las víctimas de prisión
política y tortura durante la dictadura militar.
Es
altamente positivo que el Presidente de Chile y el Informe de la Comisión de
Política y Tortura reconozcan públicamente que la tortura y prisión
política fueron crímenes cometidos como
parte de una política institucionalizada del Estado de Chile.
Esta
propuesta presidencial para reparar nuestros derechos y remediar el daño causado
nos es adecuada. Es decepcionante. La reparación es mínima y no hay
reconocimiento real del daño y la extensión de los crímenes
cometidos, y la necesidad de justicia que existe entre
las victimas.
En
el discurso del Presidente Lagos no se nombró la palabra Justicia. No se nombró a los responsables por lo crímenes
de lesa humanidad que se testimoniaron
a la Comisión. No se nombró como responsables a las fuerzas armadas, las cortes
de justicia, los políticos civiles que fueron cómplices y participes
de estos crímenes, ni a los partidos políticos que encubrieron y callaron.
Justicia es parte de la reparación en un estado de derecho.
En este
discurso ni en el informe de la
comisión se nombran a las victimarios ni a los violadores. Más
aún, se propone hacer secreto los
testimonios de las víctimas por 50 años,
lo que beneficia indirectamente a los torturadores y les
facilita la continuidad de su impunidad.
El Presidente nos dice que no tiene respuestas al porque se nos violaron nuestros derechos
fundamentales. Nos dice que el que el silencio sobre estos crímenes fue,
por una parte, el resultado del miedo
creado por la dictadura y, por otra parte,
de la decisión de las víctimas
de proteger su dignidad. Aunque ese fuera el caso, esta explicación no justifica un total de 31
años de impunidad de los torturadores, y 14 de esos años de impunidad en
gobiernos democráticos. Tampoco, esa explicación justifica la exclusión de “la
prisión política y la tortura” de los informes e investigaciones sobre las
violaciones de DDHH que se realizaron anteriormente en el país. Exclusión no es
lo mismo que silencio. También cabe hacer notar, que un buen número de
nosotros, ex prisioneros políticos y torturados, hemos estado denunciando estas
violaciones por décadas, comenzando por nuestras propias denuncias a la Cruz
Roja Internacional cuando estábamos secuestrados en los campos de
concentraciones de la dictadura en
Magallanes y en Isla Dawson.
Las
reparaciones propuestas son mínimas, no se reconoce la necesidad de tratar de reparar por el daño causado por la prisión y la tortura en términos
económicos – o sea la indemnización. La
pensión propuesta es de gracia, no es compensatoria, y no alcanza a US $
200 mensuales. El costo total anual de
estas pensiones es equivalente a un par de aviones F19 que la fuerza aérea desea comprar. Estas
reparaciones son inadecuadas, no alcanzan ni para ser austeras, y están muy
lejos de ser justas. En realidad, la falta de equidad y relación entre loa
magnitud de los crímenes y las
reparaciones que se proponen disminuye la dimensión real de lo que fue ser
torturado y prisionero político durante la dictadura.
A más de tres décadas del inicio de nuestras torturas
y prisión política, aún no se abren caminos de justicia y reparación integral,
y se refuerzan las avenidas de impunidad.
Por
Dawson2000.com
Héctor Aviles, Sergio Barrientos, Hernán Biott, Patricio Cáceres, Cecilia Fanjul, Alejandro Ferrer, Miguel Loguercio, Sergio Reyes, Magda Ruiz, Víctor Salvo, Francisco Uribe, Luis Valencia, Elie Valencia, Elvio Yánez.
Diciembre 2004
Dawson2000.com
y Agrupación de DDHH Letelier. Noviembre 2004.
Dawson2000.com
y Agrupación de DDHH Letelier. Julio
2003.
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