Propuesta de
Reparación de Ex Prisioneros y Perseguidos Políticos de la Dictadura Militar en
Dawson y en MAGALLANES
I. Marco
General
Somos ex prisioneros y
perseguidos políticos de la dictadura militar (1973–1989) en Magallanes, organizados en la Agrupación Cultural y de Derechos
Humanos Orlando Letelier en Punta Arenas y en el Proyecto de Información
de Derechos Humanos Dawson2000.com.
Buscamos fortalecer la democracia y los derechos humanos en Chile haciendo
publico las 
violaciones a los derechos humanos cometidos por la
dictadura en la región y requiriendo
reparación y justicia para los que
fuimos victimas de estos crímenes por
parte del Estado de Chile.
La sistemática violación
de los derechos fundamentales de las personas
por la dictadura ha quedado grabada
en la conciencia magallánica. La extensión de las violaciones la sabemos miles de magallánicos quienes
fuimos afectados directamente por estas
violaciones. La brutalidad de estas acciones
la sintetizan los diversos campos de concentraciones y detenciones
establecidos en la zona – graficado por los campos de Isla Dawson en el
medio del Estrecho de Magallanes, donde también se confinó a un
connotado grupo de dirigentes nacionales. En estos 
campos encerraron y torturaron los cuerpos y los sueños de
magallánicos que pensaban distinto
y buscaban una sociedad mejor para
Chile.
Las violaciones de
derechos humanos (DDHH) en
Magallanes incluyeron
ejecuciones, secuestros, torturas,
detenciones en campos de concentración, relegaciones, exilio forzado y
exilio por persecución militar.
Los derechos básicos de miles de magallánicos
fueron vulnerados por una
práctica sistemática de agentes estatales durante la dictadura. El Estado de
Chile es el responsable último de
estas violaciones. El Estado es
el garante y responsable, en
todo momento y bajo cualquier tipo de gobierno, de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Justicia y
reparación es la deuda pendiente del Estado y la Sociedad de Chile para con estos magallánicos.
A 30 años del golpe
militar, los violadores y responsables de estos crímenes siguen inmunes y el
avance en el ámbito de reparación a las personas que se le violaron sus
derechos más básicos ha sido mínimo. Las distancias que resultan de esta falta
de justicia y reparación persisten en
la sociedad magallánica y chilena. Un
mayor avance es posible, y necesario.
Son una minoría nacional los que persisten en
negar las aberrantes violaciones a los derechos humanos de la dictadura
militar. Las Fuerzas Armadas, en menor
medida la Armada Nacional, han reconocido tener una responsabilidad institucional, aunque
general y limitada, por estas
violaciones. Todos los partidos políticos reconocen, en diversos grados, la
necesidad de avanzar en el ámbito de la reparación a las victimas de estas
violaciones.
La Concertación por la Democracia
estableció como uno de sus objetivos de gobierno la reparación a las personas
que se le violaron los derechos humanos
durante la dictadura. A pesar de esto, aún no existe una política publica de
reparación integral, solo se han dictado leyes
de beneficios limitados para determinados grupos de victimas, incluyendo
incentivos mínimos para el retorno de
los exiliados, beneficios previsionales a los exonerados políticos, y
pensiones mínimas para los familiares
de los ejecutados y desaparecidos. Esta política de reparación es insuficiente
en relación al dañó y la masividad de las violaciones de derechos humanos que
se cometieron.
Cabe
notar que no ha a habido ningún esfuerzo de reparación destinado a los
sobrevivientes de los campos de concentración y prisión política, torturados,
relegados y exiliados por expulsión o
exiliados por persecución de la dictadura. No existen
razones éticas o de derecho que avalen esta discriminación en el tratamiento reparatorio de estos
chilenos. Estas personas constituyen la gran mayoría de la victimas de graves
violaciones a los derechos humanos. Son los testigos de los campos de concentración y centro de torturas de la
dictadura. Somos estos testigos y sobrevivientes en Magallanes.
La
actual coyuntura política nacional,
conjuntamente con la
legitimidad de nuestras demandas por
reparación y justicia, debiera permitir
al poder ejecutivo y legislativo desarrollar una política publica de
reparación integral para las personas que se le violaron sus derechos
humanos. Esta política, sin lugar a dudas, ayudaría a avanzar en la consolidación social de la institucionalidad
democrática en Chile.
II. Violaciones de Derechos Humanos en Magallanes durante
la Dictadura Militar
Las violaciones de derechos humanos en Magallanes tuvieron un carácter
masivo y sistemático. Estas incluyeron:
A. Ejecuciones, asesinatos y desaparición
En
Magallanes hay siete casos, documentado
por la Corporación de Verdad y
Reparación, de violaciones a los
derechos humanos con resultado de muerte o desaparición por responsabilidad de
instituciones o agentes del Estado cometidas durante la dictadura militar.
Estas son las siguientes:
Ejecuciones en 1973
El informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación de 1991 (Informe Rettig)
documenta cinco casos de muerte entre el 11 de septiembre de l973 y fines de
diciembre de 1973 por agentes o personas al servicio del Estado.
Estas muertes incluyen, en septiembre, la ejecución de una persona, sin
militancia, por una patrulla
militar en Punta Arenas y, en octubre, la ejecución de cuatro
prisioneros políticos ( dos socialistas, un comunista y uno sin militancia) por personal militar en Tierra
del Fuego.
Ejecución en 1988
Una joven dirigente socialista que fue secuestrada por
agentes estatales fue encontrada asesinada en 1988 en Punta Arenas. (Caso
incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe
original).
Desaparición
en 1973.
Un dirigente del MAPU, buscado y llamado por un bando militar, desapareció
después de ser visto en un regimiento militar en septiembre de 1973.
(Caso incorporado por la Corporación de Verdad y Reparación a su informe
original).
B. Secuestros y confinamientos en centros de
detenciones y en campos de
concentración
Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas, por
motivos políticos, entre 1973 y 1976 en Magallanes por la dictadura militar. La
mayoría de estos prisioneros fueron secuestrados por personal de las Fuerza Armadas, y otros se
entregaron al ser llamados por bandos
militares para ser detenidos.
El informe Rettig indica que entre septiembre y diciembre de 1973 hubieron alrededor
de 1.000 prisioneros políticos en Magallanes. Esta es una cifra
conservadora.
Entre 1974-1976 alrededor de 1.000 magallánicos más fueron
secuestrados y arrestados por motivos políticos.
Los prisioneros políticos magallánicos
fueron confinados en diversos recintos
militares y campos de concentración.
Los principales centros de detención
fueron los campos de concentración de Compingim y Río chico en
Isla Dawson, el Regimiento de infantería motorizada Pudeto, Destacamento
de infantería de marina Cochrane, Batallón blindado General Schneider,
Bahia Catalina, Estadio fiscal, Cárcel publica, Hospital naval en Punta Arenas, el Regimiento Caupolicán en Porvenir y el Regimiento Lanceros en Puerto Natales.
En Magallanes se secuestraron,
torturaron y confinaron en campos de
detenciones a mas de cien menores de edad, incluyendo a magallánicos de solo16
años.
En Magallanes se secuestraron,
torturaron, y confinaron a cerca de 80
mujeres (muchas violadas), incluyendo a menores de edad.
La mayoría de los prisioneros
políticos, mas de 1.000 personas, sufrieron detenciones de varios meses, mas de 400 personas estuvieron detenidas por
más de un año, alrededor de 100 personas estuvieron detenidas por más de 2
años, y varias decenas permanecieron en
prisión cerca de 3 años antes de ser puesta en libertad condicional, relegadas
a otras partes del país o exiliadas.
C. Torturas de
prisioneros políticos
En los campos de concentración y centros de
detención de Magallanes, la tortura fue
el eje central de represión. Fue la
violación más común a los derechos humanos
de los prisioneros políticos magallánicos.
El informe
Rettig, refiriéndose solo a los cuatro
meses de 1973, indica que en:
“… la región de Magallanes se aplicó
la tortura de modo habitual y se estima que alrededor de 1.000 personas
estuvieron privadas de libertad y sometida a ese tratamiento....”
Los principales centros de tortura en
Magallanes fueron el Antiguo Hospital
Naval o Palacio de la Sonrisa (ejercito), la Casa
del Deportista (ejercito y aviación), el Destacamento Cochrane (infantería de marina), Bahia Catalina
(Aviación), el Estadio Fiscal ( aviación) y el fundo Los Robles
(ejercito).
La tortura fue utilizada
sistemáticamente contra alrededor de 2.000 personas que fueron
arrestadas durante la dictadura militar en Magallanes, particularmente
en el periodo 1973-1976.
D. Consejos de Guerra contra Prisioneros Políticos
Los principales consejos
de guerra de prisioneros políticos en Magallanes fueron seis y se llevaron a
cabo durante 1973 –1974. En estos
consejos se procesaron a 97 personas, 49 socialistas y 48 comunistas, incluyendo a 8 mujeres. Estos
consejos fueron efectuados fuera de toda la
legalidad existente hasta 1973. Todos estos prisioneros fueron
torturados y no tuvieron representación jurídica adecuada.
Los consejos de guerra en Magallanes
fueron:
Primer Consejo contra el Partido
Socialista
Este consejo tuvo lugar en noviembre
de 1973 y se procesaron a 5 miembros de
la dirección regional del Partido Socialista y 8 dirigentes y miembros
de la Juventud Socialista. Estos incluyeron dos menores de 16
años (un hombre y una mujer), uno de 17 años y tres de 18 años. Todos estos
prisioneros políticos fueron condenados a sentencias que fluctuaron de
cinco años a cadena perpetua.
Consejo de Guerra Hospital Regional
Este consejo fue llevado a cabo
contra trabajadores y dirigentes sindicales
del Hospital Regional de Punta Arenas. Fue efectuado en diciembre
de 1973. Este consejo condenó a prisión
a 5 militantes del Partido Socialista y un dirigente estudiantil
comunista.
Consejo de Guerra contra el Partido
Comunista
Este consejo tuvo lugar en abril de 1974 y se procesaron a 27 dirigentes políticos y
sociales del Partido Comunista. Todos fueron condenados y las
sentencias fluctuaron desde 3 a 20 años de prisión.
Consejo de Guerra contra la Juventud
Socialista
Este consejo tuvo lugar en julio de
1974 y se procesaron a 10 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista.
Estos jóvenes socialistas tenían entre 16 y 20 años, incluyendo cuatro
mujeres. Las sentencias fluctuaron
entre 6 meses a 3 años de prisión.
Consejo de Guerra contra la Juventud Comunista
Este consejo tuvo lugar en agosto
de 1974 y se procesaron a 20 dirigentes de la Juventud Comunista. Estos prisioneros incluyeron
a 2 mujeres. Los condenados recibieron
sentencias hasta cuatro años de prisión.
Segundo Consejo de Guerra contra el
Partido Socialista
Este consejo tuvo lugar en Octubre de
1974 y se procesaron a 21 dirigentes políticos y sociales del Partido Socialista. Estos prisioneros incluyeron a 4
miembros de la Juventud Socialista ( tres de 20 años y uno de 18 años). Todos
fueron condenados, y las sentencias fluctuaron desde 5 años de relegación a 18
años de prisión.
Otros Consejos
Entre 1973 y 1974, hubo varios
consejos de guerra que involucraron a personas individuales donde se
condenaron por lo menos a 6 prisioneros.
E.
Relegaciones
Alrededor de doscientos
magallánicos, después de su prisión
política, fueron relegados a diferentes localidades remotas del país.
Estas relegaciones fueron desde meses a cinco años.
F. Exilio de
magallánicos
Aproximadamente un
centenar de magallánicos sufrió el exilio durante la dictadura militar.
Exilio forzado o por decreto
Alrededor de 50 prisioneros políticos
fueron exiliados por decretos de la dictadura que le conmutaron condena de
cárcel o relegación por exilio forzado. La mayoría de estos magallánicos
enfrento un exilio de carácter indefinido, sus pasaportes fueron marcados
con “L”, y solo fueron autorizados a retornar al país en 1987.
Exilio por persecución
Alrededor de cincuenta magallánicos
se vieron forzados a escapar del país
por el peligro que para su seguridad representaba su permanencia en Magallanes.
Entre 1973 y 1974, un par de decenas de
ellos eran buscados con afiches en diarios y llamados en bandos militares.
G. Estudios truncados
Más de 200 estudiantes,
secundarios y universitarios, fueron impedidos de
continuar sus estudio por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría
de los jóvenes magallánicos que sufrieron prisión política.
H. Exonerados
Políticos
Aproximadamente 2000
personas fueron exoneradas por razones políticas, particularmente entre 1973 y 1976. Estos incluyeron a la gran mayoría
de los magallánicos que sufrieron prisión política.
Hasta hoy día, los
autores y responsables de esta brutal represión en Magallanes nunca han tenido
que responder ante la justicia por sus acciones. Tampoco el gobierno ha
reconocido ni tomado responsabilidad
por los daños físicos, psico-sociales y materiales causados a
quienes fueron victimas directas
de estas violaciones por agentes
del Estado de Chile.
III. Propuesta basica de
Reparación Integral a las Victimas de violaciones de derechos humanos en Magallanes
Indudablemente, existe
de parte del Estado una gran deuda social con los magallánicos que fueron detenidos, torturados,
perseguidos, relegados y exiliados durante la dictadura militar. Las demandas por justicia y reparación a nuestros derechos violados se orientan y buscan fortalecer una conciencia nacional democrática que rechaza las violaciones a los derechos
humanos.
Las
secuelas y secuencias de la represión y las violaciones a que fuimos sometidos
siguen y seguirán estando presentes en nuestras vidas. El daño
causado por los crímenes de lesa humanidad, en si, es irreparable.
En el de Chile de hoy, a 30 años desde el golpe militar y 13 años de gobierno
democrático post dictatorial, existe un legitimo espacio democrático que permite avanzar en el ámbito de
reparación.
Dentro
de este contexto, llamamos al poder ejecutivo y legislativo a comprometerse con
las demandas de los ex prisioneros políticos de la dictadura militar, que son
los principales interlocutores sobre las violaciones de derechos humanos a que
fueron sometidos. Este compromiso debe materializarse en la promulgación una
legislación especial que repare, rehabilite y restituyan los derechos a los ex
– presos políticos, condenados, relegados, exiliados forzados y exiliados por
persecución de la dictadura militar en
Magallanes y en el resto del país.
Apoyamos el desarrollo de una política gubernamental de reparación
integral que incluya:
A. Creación de una Comisión Especial de
reparación integral
Esta comisión tendría la
facultad de definir el universo real y los procedimientos para ser reconocido como victima de
violación a los derechos humanos durante la
dictadura militar. También debiera
tener el mandato de difundir públicamente las violaciones a que fueron
sometidas estas personas, promover la dignificación moral y
social de las víctimas, y facilitar el acceso a los beneficios de reparación.
Organizaciones de DDHH y, particularmente, representantes
de las personas que sufrieron estas
violaciones deben ser parte integral de esta comisión (incluyendo ex
presos políticos, relegados, exiliados y familiares de los ejecutados y
desaparecidos). Esta comisión nacional debe constituirse con
representantes o subcomisiones de
diferentes regiones del país.
B. Un compromiso publico
con la búsqueda de la Verdad y Justicia por las violaciones de derechos humanos
Existe
la necesidad de que el Estado se
comprometa con la búsqueda de la verdad y la determinación de responsabilidades y
sanciones correspondientes por todas
las violaciones de DDHH, incluyendo desapariciones, ejecuciones, prisión
política, tortura, relegación y exilio.
En
este contexto, llamamos a derogar la Ley de amnistía de 1978 que protege a una
gran mayoría de los violadores de derecho humanos. También apoyamos el desarrollo de una política
que incentive la entrega de información sobre hechos de violaciones de
DDHH, incluyendo beneficios civiles y
judiciales para informantes que no tengan calidad de autores
o participes.
Para
efectos civiles, en los casos de desapariciones, apoyamos la creación de la
figura legal de “declaración de ausencia por desaparición forzada“
presentada por las agrupaciones de
familiares de detenidos desaparecidos.
C. Dignificación moral y social
Además de
establecer la verdad y difundir públicamente las violaciones de DDHH cometidas,
es necesario dignificar moral y
socialmente a las personas que fueron víctimas de estos crímenes. En el
plano institucional, el Estado debe
adoptar políticas públicas destinadas a
promover el legado y la memoria
histórica de las víctimas y el desarrollo cultural de los DDHH. Esto
debe contemplar:
Reconocimiento publico por parte de los poderes del Estado
de Chile de la condición de ex –
presos y perseguidos políticos a las victimas de violaciones a los DDHH cometidos por la dictadura militar en Magallanes, y en Chile.
Establecimiento
del 26 de junio como el día de la
solidaridad con los ex presos políticos, las víctimas de la tortura, relegados
y exiliados.
La
creación de memoriales y monumentos para testimoniar a la memoria colectiva el legado histórico de los que sufrieron
las violaciones de DDHH.
Declaración
como monumentos y patrimonios
nacionales todos los ex centros de
detención y tortura en Isla Dawson
y en Magallanes.
Crear un
museo y centro cultural de los derechos humanos en el antiguo hospital Naval o
Palacio de la Risa, que fue el principal centro de torturas en Magallanes, a cargo de las organizaciones de derechos
humanos de los ex prisioneros políticos.
Crear en
el fundo Los Robles, ex centro de tortura en Punta Arenas, un parque publico
por la Paz y los Derechos Humanos.
Promover y
apoyar proyectos culturales, audio-visuales, publicación de libros, y sitios de
internet que ayuden a crear y a
difundir la memoria colectiva de las victimas de las violaciones a los DDHH de la dictadura.
Promover
políticas educacionales que incorporen la enseñanza y el respeto por los derechos humanos
D. Reparación
Económica
Establecimiento
de una pensión de por vida, de un monto homologable con la jubilación promedio
de los funcionarios públicos, debiendo ser retroactivo a la fecha de secuestro,
tortura, relegación y/o exilio. Estos beneficios serían heredables por el
cónyuge o conviviente.
Indemnización
equivalente a resarcir el daño económico por el período forzado de detención,
relegación y/o exilio. Esta indemnización compensaría por cada día de privación o limitación de la libertad del individuo.
A todas
las personas que sufrieron prisión política en Magallanes, la reparación debe
ser complementada con un valor adicional para compensar el daño causado por la
tortura.
A las
personas que fueron condenadas por consejos de guerra, la reparación debe ser
complementada con un valor adicional para compensar el daño causado por las
condenas, castigos y particularidad del encarcelamiento y prisión a que fueron sometidos como resultado directo de estos consejos de
guerra.
E. Integración socio-económica
Debe haber un compromiso
para generar políticas públicas de reintegración social y económica de las
victimas de violaciones a los derechos humanos a la sociedad chilena. Esto debe
contemplar:
Educación.
1.
Garantizar la capacitación laboral de
los ex prisioneros, relegados y
exiliados políticos mediante programas especiales de estudios,
incluyendo la manutención de la familia
durante el período de formación.
2.
Homologación automática de los
estudios o títulos obtenidos en el extranjeros por las victimas y sus
familiares directos ( cónyuges, hijos y nietos)
3.
Garantizar el reconocimiento y
finalización de los estudios interrumpidos de la victimas debido a
prisión política, relegación o exilio.
4.
Becas de estudios, hasta la educación
superior, para las victimas, cónyuges, hijos y
nietos de la victimas, incluyendo condonación
de deudas por créditos universitarios.
Laboral
1.
Garantizar la inserción laboral de
los ex prisioneros, relegados y
exiliados políticos mediante programas especiales que incentiven la
contratación de ex prisioneros,
relegados y exiliados políticos en
trabajos del sector privado.
2. Reclutamiento y contratación preferencial de ex prisioneros, relegados y exiliados políticos en trabajos de instituciones públicas y estatales, tanto en
Chile como en el extranjero.
3. Reincorporación de los
ex prisioneros, relegados y
exiliados políticos que fueron exonerados de sus trabajos en la
administración pública u otra repartición estatal.
4. Facilitar
el financiamiento de proyectos micro-empresariales para los ex prisioneros, relegados y exiliados políticos.
Vivienda.
Facilidades de prestamos hipotecarios
a través de un programa especial para obtener
vivienda propia, para la victima y sus familiares directos.
Social
1.
Restitución de todos los bienes,
muebles o inmuebles, en especie o en dinero, que les fueron confiscados a la
victima y sus familiares.
2.
Exención del servicio militar
obligatorio para los hijos y nietos de los
ex prisioneros, relegados y
exiliados políticos.
3.
Promover el reencuentro de la victima
y su familia con el desarrollo social y
cultural nacional a través del acceso
gratuito a bibliotecas, eventos espectáculos culturales, deportivos y de
esparcimiento, patrocinados por el gobierno regional o nacional.
F. Reparación Médica y de Salud Mental
Garantizar
el acceso a los servicios de salud
necesarios para alcanzar la condición médica de acuerdo a su edad para las victimas
y sus familiares directos, incluyendo nietos.
Proveer
servicios médicos y de salud mental
especializados para las personas que sufrieron prisión política y /o
torturas, incluyendo a sus familias.
G. Reparación jurídica
Anulación
de todos los procesos de consejos de guerra y de tribunales militares o civiles y decretos que se utilizaron para condenar a prisión,
relegar, y exiliar a prisioneros políticos en Magallanes durante la dictadura
militar.
Eliminación
de los antecedentes penales y todas las inhabilidades que fueron aplicadas como
resultados de estos procesos a los ex prisioneros y perseguidos políticos
magallánicos.
Restitución
de los derechos civiles y políticos para todos los ex presos y perseguidos
políticos.
Reconocimiento
automático de la nacionalidad chilena
para aquellas victimas y sus familiares directos que sufrieron el exilio.
H.
Protección de los derechos humanos
Es necesario crear
políticas públicas y adoptar transformaciones institucionales que impidan la repetición
de los crímenes y garanticen la
protección de los derechos humanos en Chile. Estas medidas deben incluir.
La
creación de una instancia del Estado
que tenga la facultad de fomentar, proteger y fiscalizar los
derechos humanos en Chile
El Estado
debe mejorar la protección internacional de los derechos humanos en Chile, aplicando
e integrando a las leyes nacionales los
tratados internacionales suscritos por Chile.
El poder
legislativo debe ratificar
la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad
y el tratado que crea la Corte Penal Internacional.
La
ausencia de una política publica de reparación integral para los ex presos
políticos, relegados y exiliados de la dictadura aumenta el daño de las
violaciones a que fuimos sometidos e
incrementa nuestra marginación social, política y económica en nuestro país.
Hoy a 30 años, está el apoyo político que se requiere y tiene como base
las propuestas de las victimas, de organizaciones de derechos humanos, de los
partidos políticos y, además, los proyectos de acuerdo de la Cámara de
Diputados y del Senado que solicitan al gobierno que les
remita un proyecto de ley de reparación
para los ex-presos políticos. Reparación integral es la deuda de Chile para con
las victimas de derechos humanos de la dictadura en Magallanes, y en el país.
11 de
Julio del 2003
A 30 años de
los campos de concentración de Dawson:
Pedimos reparación y
justicia para los prisioneros
y perseguidos
políticos magallánicos.
Consejo
editorial. Mayo 2003.
A 29 años del 11 de Septiembre 1973: Un Recuerdo Permanente.
Elie Valencia. Septiembre 2002.
El Palacio de
la Sonrisa nos Recuerda el Delito de Tortura en Magallanes.
Elie Valencia. Junio
2002.
La Tortura en
Magallanes: Un Crimen de Lesa Humanidad
Elie
Valencia. Marzo 2001.
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