Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura.
Del
reconocimiento a la reparación
Elizabeth Lira
Reproducido de
la Revista
Mensaje, Mayo 2004
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
Del reconocimiento a la
reparación por Elizabeth Lira
Desde noviembre del año pasado, los miles de torturados y privados de
libertad en Chile durante el gobierno militar, han podido entregar su
testimonio en la Comisión creada para estos efectos. Este artículo intenta
transmitirnos el impacto que la tortura ha tenido en los que la sufrieron y en
la sociedad, así como la necesidad de reconocimiento y reparación, que es lo
que esperan las víctimas.
Soy Ernesto, tengo 27 años. Yo nací en Santiago. A mí me duele un poco
conversar todo esto, pero lo hago porque uno viene para acá dispuesto a
conversarlo; a veces al encerrarse en uno mismo duele mucho más. Me detuvieron
el 11 de septiembre a las tres de la tarde… estuvimos incomunicados en una
celda oscura durante 22 días, donde se libró el Consejo de Guerra y no tuvimos
derecho a defensa, en absoluto, nada, pura tortura e interrogatorios, torturas
e interrogatorios y nada más. Había compañeros enfermos con nosotros, algunos
estábamos quebrados. No fuimos llevados al Consejo, no tuvimos derecho a
defensa y fuimos condenados a presidio perpetuo. Yo acabo de salir de la
cárcel, el sábado en la mañana a las diez y media...
Ahora tenemos una situación adversa, la realidad es adversa, es terrible,
que nos lleva a provocar las crisis en nuestro interior, en nuestras ideas, en
nuestras aspiraciones,… si uno cae preso, el mundo sigue igual... cuando a uno
lo están interrogando sabe que le están poniendo corriente y afuera la gente
está caminando, comprando en la feria o qué se yo, o sea, eso es lo terrible de
descubrir, o sea, el poco significado o la poca importancia que tiene la vida y
el dolor de algunos para esta sociedad”. (Testimonio, abril de 1978).
El mandato de la Comisión
El
11 de noviembre de 2003 el presidente Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura. Nombró a monseñor Sergio Valech, obispo
emérito de Santiago como Presidente y como su Vicepresidenta Ejecutiva a María
Luisa Sepúlveda, quien fuera Secretaria Ejecutiva de la Vicaría de la
Solidaridad a su cierre en 1992. Designó como miembros de la Comisión además de
los abogados Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez,
Lucas Sierra, Álvaro Varela, y a quien esto escribe.
Esta
Comisión fue formada para determinar quiénes eran las personas que sufrieron
privaciones de libertad y torturas por razones políticas, en el período
comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 19901. Su
mandato incluye elaborar un informe “lo más completo posible de las personas
que sufrieron privaciones de libertad y torturas por razones políticas,
reuniendo los antecedentes aportados por los interesados que permitan acreditar
de manera fehaciente dichas circunstancias (...) así como las conclusiones a
que arribe, según el recto criterio y conciencia de sus miembros”2. La Comisión
debe proponer medidas de reparación para las personas que sean reconocidas como
prisioneros políticos o torturados. La creación de la Comisión ha honrado los
compromisos internacionales suscritos por Chile en relación con la reparación
de los torturados/
Para
cumplir el mandato entregado a la Comisión se formó un equipo de trabajo bajo
la dirección de María Luisa Sepúlveda, el que ha trabajado en Santiago desde el
11 de noviembre de 2003. En las regiones el trabajo se inició el 1† de
diciembre en 45 gobernaciones. Para los ex presos políticos que viven fuera de
Chile se abrió la posibilidad de recibir testimonios en los consulados chilenos
en el extranjero. Profesionales jóvenes en su mayoría han formado parte del
equipo de trabajo de la Comisión y han atendido a un número de personas que, a
fines de marzo, superaba las 17 mil.
La
Comisión se ha constituido en regiones con el propósito de solemnizar la
responsabilidad del Estado chileno en relación con las víctimas de violaciones
de derechos humanos que fueron sometidos a prisión y tortura por causas
políticas. En esta instancia se ha compartido la labor realizada con las
autoridades regionales y con los profesionales que han trabajado en las
gobernaciones.
El
trabajo de dar y recibir los testimonios ha sido una experiencia dolorosa. Para
los que sufrieron ha sido penoso recordar y proporcionar información
evidenciando el dolor y la traumatización experimentada. Para los profesionales
jóvenes que han recibido los testimonios ha sido una experiencia impactante,
conmovedora y en muchos casos también muy angustiosa. Ha abierto un espectro de
experiencias desconocidas y brutales, ignoradas por la mayoría de ellos.
Las
reuniones con las organizaciones de ex presos políticos han sido una de las
actividades más significativas para la Comisión. Han permitido evaluar las
consecuencias de las violaciones de derechos humanos en el largo plazo y
dimensionar las dificultades de cualquier propuesta de reparación. En Santiago
se han sostenido reuniones con todas las agrupaciones nacionales de ex presos
políticos y otras agrupaciones de víctimas. También con los organismos de
derechos humanos, y con profesionales expertos en materias vinculadas a los
temas de trabajo que competen a esta comisión. La recepción de testimonios
finaliza el 11 de mayo de 2004.
El impacto de la tortura
Ernesto,
cuyo testimonio inicia este artículo, fue uno de mis primeros pacientes en la
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en 1978. En ese tiempo,
resumió brevemente la percepción que tenía de su situación personal, reflejando
la experiencia de miles de personas que fueron encarceladas y torturadas.
Ernesto subrayaba la distancia entre su experiencia y el lugar que esa
experiencia tenía en la opinión pública. Han pasado 25 años desde entonces. El
paso del tiempo ha profundizado la distancia entre la vivencia personal del
torturado y la percepción de la sociedad.
El rechazo moral, político y cultural a la tortura no se ha traducido en una
conciencia cívica suficiente y los grados de aceptación y tolerancia de
maltratos y abusos realizados por agentes del Estado son todavía muy flexibles.
Es verdad que la tortura ha sido una práctica regular y entrenada en las
policías y en las Fuerzas Armadas del mundo desde tiempos inmemoriales. También
es verdad que en Chile, la práctica de los azotes como sanción fue legal hasta
1949, y su uso como tortura había sido denunciada desde el siglo XIX. La
aplicación de electricidad se registra desde la década que se inicia el año
1930. Pero nunca antes de 1973, la sociedad chilena había conocido la tortura
como una práctica regular y al margen de la ley realizada en todos los recintos
de detención y de manera masiva. La brutalidad de sus métodos, su aplicación a
embarazadas y a mujeres de toda edad, a niños y adolescentes, a jóvenes y
ancianos, era desconocida.
La
tortura ha dejado secuelas físicas y huellas psíquicas profundas. La
indefensión y el desamparo de las víctimas ante esas prácticas, sumadas a la
total impunidad de sus autores ha amplificado la angustia y el terror,
alterando la capacidad de las personas de vivir la vida de todos los días, de
relacionarse con los demás, de trabajar y de proteger y cuidar sus hijos.
La
denuncia de esta situación se produjo desde el primer momento en 1973,
generando un impacto enorme en los afectados, en las personas que los
escuchaban inicialmente, en los profesionales que los defendían, en las
iglesias y en los organismos internacionales que recogían esas denuncias. Pero
¿cómo no reaccionar con espanto al escuchar de crueldades inauditas? El efecto
más generalizado fue el miedo en los afectados y en toda la sociedad, que
sumado a la negación sistemática de las autoridades, potenciaba el terror y la
paralización de las mayorías.
En
1980 algunos obispos de Chile decretaron la excomunión de los torturadores en
sus diócesis. y el repudio social de esas prácticas que, por cierto, las
autoridades negaron sistemáticamente. En 1983 la Conferencia Episcopal
estableció que “Aquellos que en cualquier forma realicen, promuevan o colaboren
con la tortura cometen una ofensa grave contra Dios y la dignidad humana (…)
Por tanto, mientras no se arrepientan sinceramente, los torturadores, sus
cómplices y aquellos que, teniendo la oportunidad de detener la tortura no lo
hacen, no podrán recibir la Sagrada Comunión ni podrán ser padrinos en los
Sacramentos de la Iglesia”16. Esa medida fue un paso simbólico y una señal
importante para la sociedad. Después vendría el Movimiento contra la Tortura
"Sebastián Acevedo", que irrumpiría pacíficamente en la ciudad,
frente a los recintos de detención y tortura, señalando silenciosamente “Aquí
se tortura”.
Durante
ese tiempo aprendimos que la tortura era la forma más generalizada de violación
a los derechos humanos existente en el país y que como resultado de la acción
represiva muchas personas encontraron la muerte. Fue aplicada por agentes del
Estado en recintos instalados para ese fin, operando con recursos económicos
suficientes y con una vinculación y dependencia directa del poder político, que
garantizaba la impunidad de los hechores. Aprendimos que la tortura se
justificaba bajo el argumento de que se trataba de subversivos y enemigos, es
decir, sin derechos y su objetivo principal era la degradación de las personas.
Los torturadores asumieron sus acciones como un trabajo normal. La sociedad
ignoró la tortura o la justificó —“algo habrán hecho”—, transformándola en una
consecuencia esperable por la participación política opositora.
Las
acciones más frecuentes para torturar fueron: golpizas; exhibición de la
desnudez y denigración y humillaciones asociadas a las características del
cuerpo; amenazas de muerte (por fusilamiento, por asfixia); aplicación de
electricidad en las partes sensibles del cuerpo; violación sexual de hombres y
mujeres y abusos sexuales variados; interrupción del sueño; exposición al
hambre y al frío; manipulación de los sentimientos y emociones; y forzamiento a
presenciar tortura y violación de otros, incluidos familiares (hijos, hijas,
esposas, otros parientes).
Miles
de torturados padecen hasta hoy las secuelas físicas y emocionales de esa
práctica, pero también ese impacto se extendió a las relaciones familiares, a
los temores y miedos de los niños y a la angustia ante una amenaza vital
permanente. Durante el régimen militar, la denuncia efectuada en los tribunales
de justicia "contra quienes resulten responsables" casi nunca
encontró a esos responsables.
De la frustración a la esperanza
“Cuando uno queda marcado en el alma hay cosas que no se olvidan ... Pero lo
que no olvidaré nunca es el desprecio de la gente, algunos cruzaban la calle
para no saludarme...”.
“Ha pasado tanto
tiempo, casi 14 años esperando... y mientras se extiende el tiempo ... muchos
han ido muriendo... nos liquidan moralmente con la espera, con la
indiferencia...”
“Debemos quedar
que fuimos luchadores por el progreso del país y no como ahora que nos han
dicho terroristas ...”.
“ Pagamos con
nuestros cuerpos el precio de la paz y la democracia, pertenecemos a una
generación que apostó por país mejor... Y para todos los chilenos...” .
“Aquí no es un
desencanto, pero se ha olvidado que somos parte de la historia del país..”
Cuesta
contagiar esperanza cuando el peso de las circunstancias personales ha
producido estigmatización y marginalidad, pobreza y pérdidas; cuando las redes
sociales se han destruido y cuando hasta los familiares temen sufrir
represalias por vincularse a sus parientes perseguidos.
En
las reuniones de la Comisión con las agrupaciones de ex presos políticos en las
regiones, la mayoría de los asistentes tenían entre 50 y 70 años. Sus
expectativas han sido contradictorias. Hay esperanza por el sólo hecho de que
existe la Comisión, pero también hay mucha rabia, dolor y frustración por una
historia de pérdidas, de proyectos vitales destruidos, de soledades y miserias.
Hay una gran insistencia para dejar en claro que lo que les ha sucedido es
irreparable. Las demandas de indemnización y compensación económica generan
contradicciones. Para algunos la expresión de “austera y simbólica” con
que el Presidente Lagos caracterizó la reparación sigue resultado violenta
desde que la escucharon. Y la contradicen indicando que “la tortura que nos
aplicaron no fue austera y simbólica”. Algunos señalan que los montos deberían
multiplicarse, duplicando las cifras de los casos “emblemáticos” pagados como
indemnizaciones en juicios civiles. Otros dicen que no quieren dinero, sino
solamente recuperar su dignidad, ser declarados inocentes, recuperar su buen
nombre, reivindicarse ante sus hijos y sus nietos. Muchos dicen que esperan
contar con salud para sí mismos y sus familiares como forma de reparación, pero
no una salud precaria sino adecuada y oportuna. Otros subrayan que sus vidas
fueron arrasadas y solicitan que sus hijos y sus nietos puedan tener
oportunidades de educación como medidas de reparación.
Para
muchos, la declaración ante la Comisión ha significado un intento de recuperar
y cerrar significados, de completar el sentido de las propias opciones en sus
vidas, en las que han debido batallar contra la reinterpretación ideológica y
cultural de su propio pasado, de sus proyectos y de su pertenencia a esta
sociedad.
Los testimonios recogidos dan cuenta de experiencias traumáticas que se vivieron
como experiencias de muerte que afectaron la integridad personal de las
víctimas en todos los sentidos y la de sus seres queridos. ¿Cómo podemos
reparar? La Comisión en su informe final realizará recomendaciones que tomará
en consideración las peticiones de las organizaciones y de las personas que
concurrieron a dar su testimonio, pero será el Presidente de la República quien
determinará finalmente las medidas de reparación. Treinta años después gran
parte de lo vivido es irreparable, sin embargo, el reconocimiento de esta
situación es un paso hacia la reparación de la dignidad de las personas, que
requiere de otros pasos futuros por imaginar y construir más allá del término
de la Comisión.
Santiago, Chile, Mayo 2004.
Dawson2000.com y Agrupación de DDHH
Letelier
Julio 2003.
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